Se presentó ante la Corte Suprema y el Congreso el informe sobre la represión por la reforma en Jujuy

Se presentó ayer el informe de la Comisión de Recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la Provincia de Jujuy, el mismo fue recibido en la Corte Suprema de Justicia y Congreso de la Nación. Un extenso informe que da cuenta de los hechos vividos en la provincia en el marco de la Reforma de la Constitución y que refleja el abuso de poder del gobierno provincial violando sistemáticamente los derechos humanos. Así también la falta de respuestas de la justicia provincial y federal a las denuncias de las víctimas de la represión.

El informe presentado reúne testimonios de más de 320 personas y más de 114 comunidades indígenas que fueron tomados durante meses en territorio: se realizaron entrevistas en Perico, Palpalá, San Pedro, Libertador General San Martín, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Salinas Grandes, Purmamarca, Humahuaca, Caspalá, Coranzulí, Susques, Pozo Colorado y San Roque. El trabajo se realizó con apoyo de las organizaciones y, fundamentalmente, con la articulación del Tercer Malón de la Paz y de referentes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en Jujuy. 

El informe da cumplimiento al Decreto 2023-435-APN-PTE del 29 de agosto y de la Resolución 2023-1140-APN-MJ del 14 de septiembre pasado por el ex gobierno de Alberto Fernández.

La abogada Mariana Katz del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) e integrante del equipo de la Comisión, estuvo en la provincia relevando información de los hechos denunciados. En ese marco considero que “hubo diferencias con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y cuestiones para avanzar en la presentación del informe” expresó ante la conclusión del mismo que cuenta de 90 páginas.

“Se presentó el informe en ambos poderes del Estado, es lo que establecía el decreto para lo cual, es una obligación y deber legal que tenía el coordinador Dr. Mariano Przybylski, Coordinador Comisión de Recepción y Análisis de denuncias sobre Violencia en la Provincia de Jujuy. Era un deber moral para los integrantes de la comisión que asumimos con Adolfo Pérez Esquivel, quien gestó la reunión con el ex presidente Alberto Fernández”, la reunión se realizó en agosto con integrantes del Tercer Malón de la Paz y el decreto se firmó en setiembre.

Es así que se designó, con carácter ad honorem, del Profesor Adolfo Pérez Esquivel, el Pastor Leonardo Schindler, la antropóloga Dra. Diana Lenton, el Doctor Eduardo Salvador Barcesat, y el Doctor Humberto Podetti (Resol. 2023-1140-APN-MJ). A ellos se sumaron como colaboradores la Dra. Mariana Katz, el Lic. Leonardo Pérez Esquivel, el Dr. Joel Sverdlik, la Dra. Alicia Montoya, la Dra. Florencia Díaz Peccinetti y el Dr. Alexis Papazian.

Una reforma manchada de violaciones a los derechos

El informe avanza sobre el contexto social de Jujuy y las consecuencias de esas vulneraciones a los derechos humanos que persisten. De los testimonios recibidos por la comisión se puede observar que, tanto quienes se han manifestado en contra de la Reforma Constitucional y fueron víctimas directas de la violencia institucional ejercida por el Estado, como quienes no recibieron los efectos directos en sus cuerpos de la represión, pero sí vieron vulnerados sus derechos, gran parte de ellos posee estrés postraumático.

Un caso emblemático que no escapa al conocimiento de esta Comisión es la persecución desde 2015 a la ciudadana Milagro Sala por parte del gobierno jujeño, incluyendo al Poder judicial, quien se encuentra actualmente en calidad de presa política y con su salud gravemente deteriorada. La comisión procedió a tomarle testimonio en su domicilio al tener conocimiento sobre los distintos allanamientos indebidos realizados en su vivienda ordenados por el fiscal de la causa en la que se encuentra procesada, en búsqueda de banderas, dinero, teléfonos y cualquier otro elemento que pudiera indicar su participación en calidad de ideóloga o instigadora responsable del movimiento popular.

“El informe apunta las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han producido y que se siguen produciendo a la fecha por que estuvimos en diciembre y se dio cuenta con los desalojos en Tilcara y también se incorporan los testimonios” relató Katz. “Se da cuenta de una sistematicidad de los actos represivos por parte del Estado y a su vez, eso constituye a una responsabilidad internacional del Estado argentino” señaló la abogada.

Desde junio hubo otros organismos de derechos humanos como Amnistía Argentina que estuvieron tomando testimonios a las víctimas, respecto a esos informes, Katz diferenció “la realidad es que esta comisión estuvo conformada a raíz de un decreto nacional. Por lo tanto, las conclusiones arriban a obligaciones del propio Estado argentino tiene en materia de Derechos humanos” subrayó.

Tras la presentación del informe ahora resta que la nueva gestión de gobierno evalúe. “El informe será remitido a los veedores de carácter internacional que expresa el decreto presidencial. Ellos se iban a acercar a este proceso, de esto se tenían que hacer cargo los ex funcionarios de la Secretaría de DDHH. No obstante, vamos a presentar ante los organismos internacionales que habían sido designados como veedores”.

Asimismo, detalló “lo que diga la comisión hace a una responsabilidad que el estado debe tomar. En la CSJ se presentó a los efectos que se considere y que tácitamente el poder judicial incorpore a la causa judicial. Entiendo que el camino de la causa judicial que inicio el Estado nacional contra la provincia de Jujuy, a comienzo de junio y Jujuy tiene que contestar el traslado de demanda. Entiendo que el informe puede ser un dictamen independiente de guía para la Corte” explicó sobre la utilidad del informe y la gravedad que representa.

Denuncias sin respuestas

Ante las denuncias de violencia institucional presentadas tanto en la justicia ordinaria como en el fuero federal, Katz apuntó ante la falta de respuestas “se han presentado más de 20 habeas corpus en el juzgado federal y 400 en el foro provincial y ninguno ha servido como mecanismo jurídico concreto para poder garantizar la libertad ambulatoria o la libertad de expresión, de reunión todos derechos garantizados en el art. 43 de la Constitución Nacional que reconoce la acción de habeas corpus. Al igual que está incorporado en tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la Constitución argentina. En función de ello, el Estado argentino no ha dado cuenta de ello y los organismos internacionales de ddhh usarán esta herramienta”, es decir, exigiendo cumplimiento de tratados internacionales, remediación del Estado argentino con políticas públicas para reparar a las personas que han sido víctimas de las represiones.

“Hemos dado cuenta de mucha represión y mucha persecución posterior (a junio mes de aprobación de la Reforma que desató la represión a los jujeños) en el ámbito de salud y educación. La gente no tiene libertad para manifestarse. El Estado provincial ha llevado adelante actos totalitarios y eso no habla de democracia. La democracia es un valor además de elegir cada dos años es un valor que hace las relaciones sociales que tenemos como norma fundamental” aseveró Katz.

En ese sentido, la abogada explicó que el art 26 de la Constitución Nacional habla de la primacía constitucional y los tratados internacionales forman parte, a su vez, los derechos políticos son unos de los tipos de derechos, la participación es uno de los derechos fundamentales para el tratamiento de una Constitución, en referencia a la nueva carta magna jujeña que se aprobó arbitrariamente entre el bipartidismo jujeño sin la participación real de la ciudadanía. “La democracia es de un valor indivisible sobre los DDHH. En función de ello, una parte de la sociedad afectada por la Reforma son los pueblos originarios, están en sus territorios, su ámbito de hábitat y lo que implica la vida de las comunidades. Justamente donde el Estado denomina recursos naturales, pero desde la perspectiva de las comunidades no son recursos en términos económicos, sino son bienes naturales que le dan servicio para su cultura, identidad, hay una mirada distinta en la cosmovisión de la que tiene el Estado. El Estado se fundó sobre un genocidio y adquirió ideológicamente las miradas de la colonia. Los funcionarios toman las decisiones y la gente acata, cuando en realidad los funcionarios están en ámbitos de poderes porque las personas comunes votamos cada dos años. Hay que empezar a descolonizar las cabezas a los fines de poder entender esa situación no es solamente a los efectos de ir a votar cada dos años. Tenemos que comprender que hay otras personas con mirada de ver el mundo y que tiene derechos como nosotros y para ellos hay mecanismos como es el derecho a la participación, derecho a la consulta libre previa e informada. Las autoridades están obligadas con las leyes a respetar los derechos de los ciudadanos, es lo que dice un Estado de derecho”.

El informe de la comisión oficial de ddhh del ex gobierno nacional refleja la grave situación social y la falta de estado de derecho que vienen denunciando desde el gobierno de Macri. Argumentando a Jujuy como laboratorio tras la reforma judicial y la persecución a dirigentes opositores al gobierno, el espionaje permanente a la sociedad, las acusaciones tras causas armadas para disciplinar a la sociedad jujeña.