Con más de 100 detenciones y una veintena de personas heridas, algunas de gravedad, el gobierno de Javier Milei intentó justificar la brutal represión desatada contra jubilados y manifestantes ocurrida en la tarde del miércoles cerca del Congreso, versiones que quedaron sepultadas por el fallo de la jueza Karina Andrade, quien señaló que no hubo armas de fuego ni delitos.
Desde antes de las 17, importantes columnas se congregaron alrededor del parlamento nacional, allí, como vienen cumpliendo desde hace meses, jubilados y jubiladas se disponían a movilizar en contra de las políticas de ajuste, esta vez, con el apoyo de hinchas de diversos clubes de fútbol, que se sumaron para respaldar ante las represiones que vienen aplicando contra las y los adultos mayores. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich intentó impedir el acompañamiento amenazando con aplicar penas a simpatizantes y prohibir el ingreso a las canchas de fútbol.
Sin lograr la desmovilización, la funcionaria ordenó un operativo de seguridad descomunal que terminó con represión.
A diferencia de las marchas anteriores, hubo detenciones, las cuales fueron no sólo arbitrarias, sino también ilegales. Tal es así, que la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó la liberación de 84 hombres y 30 mujeres, sobre quienes no se pudo establecer que hayan cometido ningún delito.
Tal como señala el fallo de la magistrada, con el correr de las horas “se dejaron de brindar detalles sobre la hora y el lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en dónde serían alojados. En algunos casos, el delito se informaba después”.
Asimismo, aclaró que ninguna de las personas detenidas fue imputada por el “delito de portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos”, abogando así aún más sobre las versiones de infiltrados en la movilización.
Fallo de la jueza sobre las detenciones
No obstante, Andrade también apuntó contra la decisión de implementar el operativo policial y consideró “se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.