El pasado 21 de diciembre se publicaba en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70 que horas antes anunciaba el presidente Javier Milei y que pretendía derogar o modificar más de 300 leyes, situación que derivó en diversas presentaciones ante la justicia que, finalmente ayer, aceptó tratar un amparo colectivo, por lo cual, frena provisoriamente el decretazo.
La decisión partió del juez federal Esteban Furnari del fuero Contencioso Administrativo Federal N°2, quien aceptó tratar el recurso que presentaron Claudio Lozano de Unidad Popular en conjunto con Hugo Cachorro Godoy y Rodolfo Aguiar -ambos dirigentes de ATE-, a través del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La medida (que fuera interpuesta el mismo día de la oficialización del DNU) busca que el decreto que desregula la economía sea declarado inconstitucional y su nulidad.
El amparo argumenta que, con la derogación o modificación de más de 350 leyes, representa una “desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.
Vale recordar que, con este DNU que presentó a través de una cadena nacional en la noche del miércoles 20, el presidente habilitó las privatizaciones, derogó la Ley de Alquileres, desreguló las obras sociales y los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas, entre otras.
En un mensaje grabado, el libertario apuntó más en hablar sobre un diagnóstico del país, señalando que el principal problema era el déficit fiscal y apenas enumeró algunas de las leyes que se iban a derogar por decreto, pasando por alto el Congreso.
El anuncio rápidamente fue rechazado por la ciudadanía que espontáneamente salió a realizar cacerolazos en diferentes puntos del país, pero con epicentro en la ciudad porteña.
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