Tres renuncias y otro pedido de juicio político: el Tribunal Superior de Justicia jujeño en llamas

A las sospechosas renuncias de tres vocales del Superior Tribunal de Justicia en Jujuy que alertaron sobre la falta de independencia de poderes en la provincia, ahora se su suma un nuevo escándalo a conocerse un nuevo pedido de juicio político, esta vez contra el presidente del máximo órgano de justicia, Federico Otaola.

El festival de juicios políticos que ingresaron a la Legislatura la semana pasada se tradujeron en pedidos de renuncias implícitas a las vocales Elizabeth Altamirano, Clara de Langhe de Falcone y su par Sergio González.

Cada pedido de remoción tiene un trasfondo diferente.

En el caso de Altamirano, quien fuera aquella diputada radical que votó la ampliación del STJ y que pasó a conformar el mismo -lo mismo que hizo Pablo Baca- la destitución parece responder a una sentencia contra Tulia Snopek, pareja del gobernador, por un juicio de alimentos a su propia madre.  Ese fue el costo político para que Morales le presente un pedido de juicio político. 

Quien repite la historia es Clara De Langhe de Falcone, sobre quien ya hubo un pedido de remoción en su contra por arreglar una estrategia con Morales para presentar testigos contra Milagro Sala ante una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así justificar su detención. Fue precisamente sus declaraciones a los medios sobre la lideresa, la que le costó su cargo de presidenta del STJ.

Ahora, el jury contra Falcone remite a la ampliación de uno anterior acusada de no presentar su declaración jurada de bienes y dictar órdenes fuera de su órbita, además de ser señalada por abuso de autoridad y tráfico de influencias. En parte es por nombramientos en el Poder Judicial de su hijo Esteban y su nieto Gastón Mercau (hijo del juez), entre otras personas.

Enfrentada con el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez, el protegido de Morales reflotaría la causa que investiga a Falcone por la apropiación de Esteban Mercau, por los delitos de alteración o supresión de la identidad y la retención y ocultación de un menor de diez años.

Por su parte, Sergio González está acusado de malversación de fondos en la construcción del nuevo edificio del poder judicial. Vinculado al peronismo, el juez fue designado por el ex gobernador Eduardo Fellner y lleva años dentro del poder judicial.

Tanto Langhe de Falcone como González presentaron su renuncia a Otaola. Con todos los requisitos para jubilarse, ambos decidieron seguir en sus cargos, situación que cambia a partir de estos pedidos de juicios políticos. Falcone puso fecha de retiro en mayo, mientras que González lo haría en junio.

Altamirano sería a partir de la fecha de presentada la denuncia.

Casi como una declaración abierta de quién maneja la justicia en Jujuy, Elizabeth Altamirano envió su renuncia al propio Gerardo Morales.

En los tres casos, las renuncias llegaron ante una eventual destitución, algo probable con una Legislatura con mayoría oficialista.

“Se cumple una vez más la sentencia del gobernador Morales”, manifestó Claudia González a Radio 2, sobre estos pedidos de remoción de miembros de la justicia.

Según el análisis de la presidenta de la Asociación de abogados de Jujuy “querían forzar la renuncia de los vocales del STJ, seguramente como parte de algún acuerdo de designar nuevos miembros, también seguramente disconformes con el desempeño, porque es claro, no haces lo que yo quiero te saco”.

Asimismo, la abogada consideró “se querían sacar de encima estos vocales” y recordó los casos de juicios políticos anteriores contra integrantes del Tribunal de Cuentas y el vocal del STJ Ficoseco, por lo que sostuvo “alertó sobre estas prácticas que era forzar las renuncias a través de la amenaza y la concreción de la amenaza con el juicio político, esto es desvirtuar los recursos genuinos que brinda la Constitución”.

Y agregó “nos habla de la total cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, no hay división de poderes”.

Casi la mitad de vocales del STJ con pedido de remoción

Por estas últimas horas, se sumaría otro pedido de juicio político, esta vez contra el presidente del STJ, Federico Otaola, por los que casi la mitad de sus miembros serían removidos bajo esta maniobra.

Las irregularidades son notables: dichos pedidos son presentados por personas “x” y pesan más que el proceso institucional de un juicio político bien justificado.

Por ello las sospechas de que en realidad, los pedidos constituyen implícitamente el apartamiento por cuestiones políticas.

Con ello, son 5 integrantes del STJ que siguen en pie, hasta ahora: Sergio Jenefes, José Manuel del Campo (también en condiciones de jubilarse), María Silvia Bernal, Laura Lamas y Ekel Meyer.