Los cuestionamientos sobre el avance del Ejecutivo sobre los otros poderes ha sido una constante bajo la gestión de Gerardo Morales, las denuncias incluso llegaron al Senado cuando Guillermo Snopek pidió la intervención de la justicia jujeña en 2020, aunque su tratamiento quedó anulado con la pandemia, sin embargo, las sospechas siguen alimentándose con varias situaciones que se vienen sucediendo y la última es la citación de jueces a una reunión con el gobernador.
Fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Federico Otaola quien realizó la “dudosa” convocatoria a magistrados de diferentes fueros de la provincia de Jujuy para el día 15 de diciembre a las 8.45, oportunidad en que el mandatario provincial estará presente en el Salón Vélez Sarsfield.
Según consta el documento, deberán asistir “presidentes de los Tribunales Colegiados, para el caso de los Juzgados Unipersonales (Jueces de Primera Instancia, Jueces de Control, Jueces de Violencia de Género, Jueces de Menores, Juez en lo Penal Económico, Juez de Ejecución, Juez del Juzgado de Instrucción de Causas, Jueces del Multifuero Centro Judicial Perico y Libertador General San Martín), los mismos deberán designar un representante por cada fuer, todo ello de ambos Centros Judiciales”, detalla la misiva.
¿El motivo de la invitación?, se desconoce, ya que lo único que indica los fines de la reunión “se les hará conocer oportunamente”.
Además, quien también estará presente será el fiscal general del MPA, Sergio Lello Sánchez, a quien el ahora ex juez Pablo Baca lo había sindicado de formar parte del “equipo” judicial de Morales.
La lista de invitaciones se completa con la titular del Ministerio Público de la Defensa Penal, la Defensora Adjunta del Ministerio Público de la Defensa Civil, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, además del Secretario General de la Asociación Judicial.
Otaola, excediendo todas sus facultades, llama a funcionarios y funcionarias del poder Judicial a un encuentro con el titular del Ejecutivo sin detallar el por qué, cosa que no debería ocurrir si se respetara la división de poderes.