Imputaron al Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas por violencia de género

El ministerio Público de la Acusación promovió acción penal contra el fiscal de Estado de la provincia, Miguel Ángel Rivas, denunciado desde 2006 por violencia de género por su ex pareja, Fabiana Checa, quien pese a obtener medidas de restricción perimetral, las mismas fueron incumplidas por el funcionario provincial.

Es así que la fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, Romina Núñez, reunió las pruebas suficientes para solicitar la imputación del funcionario provincial por los delitos de lesiones graves, agravadas por el vínculo y convivencia; amenazas y violencia de género, familiar y doméstica contra su ex pareja.

La audiencia de imputación se realizará mañana. En tanto el funcionario provincial, Rivas designó abogados defensores a Fernando Amador y Enrique Rivas.

La denuncia que pesa sobre Rivas fue formulada por su ex pareja que viene pidiendo justicia hace 18 años. Semana atrás se presentó en el MPA junto a su abogado defensor Julián Palimieri y solicitaron la imputación además de la detención del fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas.    

En este sentido, la mujer manifestó ante la impunidad que “Rivas, sigue amparado en el poder político- judicial”.  Rivas, de larga trayectoria como funcionario público en el municipio capitalino y en el gobierno provincial de la Unión Cívica Radical, hoy con el cargo de Fiscal de Estado, ascenso que obtuvo en agosto de 2022, pese a la denuncia que había realizado Checa apenas dos meses antes y en la cual se había dispuesto una orden de restricción de acercamiento vigente por 180 días.

Misma medida había solicitado la víctima en enero de 2019, oportunidad en que la ex pareja del funcionario lo denunciaba por violencia física y psíquica. Por aquel entonces, la justicia le ordenaba a Rivas a “abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica, como así también prohibir insultos, palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes por cualquier medio” contra la víctima. asimismo, la medida precautoria disponía que el funcionario no podía ingresar al domicilio de su ex pareja y mantenerse una distancia de 300 metros de su casa, de su lugar de trabajo o del lugar donde se encontrase la mujer.

En ese sentido, el abogado Palmieri señaló que el denunciado “siempre fue funcionario, por lo tanto a los funcionarios no les corre el plazo prescriptorio” respecto a la denuncias.