JUJUY

Depende la cara van los azotes

La ínfima multa que deberá pagar el vicegobernador por su baile en Carnaval

Carlos Haquim fue penalizado con 80 mil pesos por haber participado de un festejo que incluía baile, actividad prohibida por el gobierno en las fiestas carnestolendas. En otros casos, los montos llegaron al millón

La ínfima multa que deberá pagar el vicegobernador por su baile en Carnaval

 

Las consecuencias del carnaval -más allá de las juntadas y el descontrol sanitario que expone a la sociedad en esta pandemia que atravesamos- no deja de sorprender en la provincia y esta vez se plasmó en la arbitrariedad de los montos de las actas contravencionales que implementa el Ministerio de Seguridad, que parece depender de la cara del infractor.

Días atrás se conoció que fueron multadas seis comparas en la quebrada por infringir el decreto 2670 y cuatro de ellas deberán pagar un millón de pesos. A esto se suma, que en total durante esos días de carnaval se realizaron 88 actas de multas menores.

Muy por el contrario, las celebraciones carnestolendas también dejaron la viralización de vídeos y fotos de funcionarios que, lejos de dar el ejemplo por el rol que les compete y por las reglas que ellos emiten, dieron rienda suelta a los festejos e incumpliendo las medidas restrictivas para los días de carnaval con el fin de evitar la circulación y propagación del Covid -19, disposiciones que finalmente el propio gobierno flexibilizó, permitiendo así el descontrol, particularmente en la zona de la quebrada.

Sin embargo, el desmadre del carnaval tiene doble vara: resulta que el vicegobernador Carlos Haquim fue filmado y escrachado en redes sociales por su presencia en una comparsa donde no se cumplía nada de lo que se había pautado: distanciamiento, baile, aglomeración, etc.

De hecho, en el artículo 4 del decreto 2670, expresaba específicamente “prohíbese la realización de eventos en espacios públicos y/o privados, abiertos y/o cerrados, que implique cualquier tipo de bailes o danzas por parte de los concurrentes”.

Más allá de las consecuencias sanitarias que se conocerán en siete días, es indignante que el Juzgado Contravencional, órgano del estado sea condescendiente con funcionarios que cometen infracciones.

El caso del vicegobernador, presentándose espontáneamente al Juzgado “a fin de deslindar responsabilidades por su breve participación en los patios de la Unión Obrera de Maimará”. Tal actitud aparente de buena fe hizo que la jueza María Fernanda Yapur, resolviera multar al funcionario con 80 mil pesos, y en el caso que se abone en los cinco días hábiles se le otorgara una quita del 50%.

Así, los 80 mil pesos parece que el techo de las multas que perciben funcionarios del gobierno, recordemos el caso del secretario gubernamental Diego Rotela, quien organizó en Ciudad Cultural un agasajo para personal del COE.

Apenas aplicado un mes el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), el funcionario no tuvo el menor reparo en cumplir con la normativa nacional, por lo que tras darse a conocer la noticia a nivel nacional, el gobernador Morales no tuvo opción y debió imponer la multa, también de 80 mil pesos.

Pero la resolución sobre el caso de Haquim causa indignación, porque no es más que una acción para la tribuna, porque esas actas contravencionales no son más que un hecho administrativo y no es judicial.

Son esas contravenciones que para muchos dirigentes sociales, gremiales, políticos les ha desencadenado causas penales y multas exorbitantes de 150 mil pesos, tal como es el caso de los dirigentes que manifestaron el 4 de abril de 2017 en la Legislatura Provincial.

Por lo visto, en Jujuy es como dice el refrán: depende la cara van los azotes.