Definitivamente el 2020 será un año atípico para la sociedad, cambios en las pautas socioculturales, restricciones en la actividad económica, pero también reconversión de la modalidad educativa; sin embargo, no también afectó el funcionamiento de la justicia y órganos de control, tal es el caso de la Oficina Anticorrupción, que aquí en Jujuy estableció el 31 de octubre como fecha límite para que funcionarios rindan cuenta de los bienes que poseen.
Con 4 meses de atraso, ya que según estima la Ley N°5153 de Ética Pública “anualmente, en el curso del mes de junio de cada año, quiénes hubieren modificado su situación patrimonial durante el año inmediato anterior, deberán actualizar la información contenida en su declaración jurada”.
De no cumplirse con la presentación de la misma, la OA deberá penalizar con la retención del 20% de la remuneración de aquellos funcionarios y funcionarias que no cumplan, ya que su esta es de carácter obligatorio.
De hecho, en 2019 el órgano debió presentar una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, que cumplido los tiempos normados para tal fin, no había realizado la presentación de la DDJJ.
La importancia del cumplimiento de la presentación de esta declaración jurada se debe a que en la misma, las personas que estén obligadas a su presentación, deberán brindar en detalle cuál es su situación patrimonial, sirviendo esta como una forma de controlar el incremento de la riqueza de funcionarios y funcionarias.
Pese a ello, cabe señalar algunas de las “trampas” observadas dentro de la misma: la más reiterada es la valoración de los inmuebles, donde comúnmente se registra el valor fiscal de la vivienda y no su valor de mercado, lo cual implica, una caída abrupta en el importe.
Sólo por citar alguna maniobra.
Tal es así, que el año pasado nos encontramos con algunas declaraciones juradas que, por lo menos, dejaron en duda sí efectivamente se daba registro de todos los bienes que poseían algún que otro funcionario.
El caso más resonante fue el del propio gobernador quien indicaba que no tenía casa, pero sí deudas. En su caso, parece que todo se debía al divorcio con la que fuera su esposa, ya que en comparación con las DDJJ de 2017 y 2018 su situación económica y patrimonial era otra: en el año 2017 Morales tenía una propiedad en el departamento de Manuel Belgrano, en sociedad conyugal. Para el año 2018, según consta en el documento, el gobernador no posee no ningún inmueble, y es que tal como expresa en la declaración, su estado civil es divorciado, por lo cual, se puede inferir, el bien inmueble quedó para su ex esposa, quedándose el mandatario con una camioneta Ford Ranger (también en sociedad conyugal).
Su hermano, Walter Morales, parecía pasar una situación peor que la del gobernador, ya que no sólo no tenía casa, sino que se sumaba que tampoco tenía rodado alguno.
Sin embargo, no es la única polémica que gira en torno a las declaraciones juradas y el órgano que debe controlar las mismas.
Es que la Oficina Anticorrupción ha tenido desde 2015, año de su creación, titulares allegados al oficialismo.
Joaquín Quintana Millón, antes de ser nombrado como fiscal a cargo de la OA, se desempeñaba dentro de la Auditoría General de la Nación bajo las órdenes del Alejandro Nievas, socio político del propio Morales.
Eso sin contar, que Millón tampoco cumplía con los requisitos para ocupar dicho cargo: ser argentino/a o nativo/a, con al menos 10 años de residencia en la provincia. De hecho, él no vivía en la provincia desde el año 2009.
Tampoco cumplía con el punto que establecía el haber ejercido la profesión al menos 8 años. Si bien Millón si tenía su título de abogado, nunca había ejercido la profesión en la provincia y no tenía la matrícula habilitante otorgada por el Colegio de Abogados. Fue durante el inicio de la causa conocida como “Pibes Villeros”, en el año 2018, es decir, dos después desde que asumió, que se conoció esta irregularidad.
Con el cambio de Millón por Josefa Herrera, las cosas no mejoraron. Primero, porque dicho cargo debe estar a cargo de la oposición, hecho que no ocurre.
Herrera, apenas asumida lanzó sin titubear “voy a tener independencia porque son las instrucciones del Señor Gobernador”.
A esto debe sumarse que Herrera tiene una trayectoria administrativa dentro del radicalismo: fue asesora de Gerardo Morales en el Senado de la Nación, asesora del bloque radical de la Legislatura y presidenta de la Secretaría de la Mujer de la UCR, su parcialidad es entonces inobjetable.
Además, acompañó durante 4 años la gestión del Fiscal de Estado Mariano Miranda entre otros hitos cumplidos en su correligionaria carrera
El último desliz de Herrera fue cuando convocó a legisladores de la oposición y trabajadores de la salud para que ratifiquen o rectifiquen sus denuncias públicas sobre el abandono de pacientes con covid 19 por parte del Estado provincial, cuando lo que debería haber realizado es una investigación del destino de los fondos destinados al control de la pandemia.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
